TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DA ESTOCADA AL TLC.

Dr. Freddy Pacheco

Catedrático UNA

Después de la muleta y las banderillas, y en forma magistral, la Universidad Nacional le dio estocada mortal al TLC. Y lo mejor, ¡sin derramamiento de sangre!

Si alguien estaba (honestamente) esperando por más razones objetivas con las cuales tomar posición respecto al TLC, para votarlo o para opinar, le ha llegado ese momento. El acuerdo de la UNA, por su contundencia, claridad y profundidad, es demoledor. Después de él, como culminación de un proceso nacional de estudio, interpretación y análisis, queda un TLC moribundo… desnudo en sus oscuras intenciones. ¿Cuál irá a ser el camino que seguirán los que insistirán en su aprobación… esperando quizá los premios de su “gestión de éxito”?

Un tratado de “libre comercio” - “…omiso en libertad de comercio”- es un disparate. Que es “también omiso en tanto nos obliga a eliminar los monopolios públicos, al mismo tiempo que amplía la protección de los monopolios privados farmacéuticos”, es un disparate mayor. Que evidencia las contradicciones de la negociación misma al plantear “La apertura en servicios de naturaleza estratégica, como los seguros y las telecomunicaciones” - “técnicamente mal negociados”- es un ridículo. Que limita aún más la capacidad del Estado de restringir, limitar (¡o prohibir!) la exportación del agua envasada, es una amenaza. Un tratado que impulsa la privatización de las plantas y que, para ello, nos obliga a aprobar un convenio internacional ya rechazado por nuestros legisladores, es un adefesio.

“No se trata, entonces, de un tratado en igualdad de condiciones”, sigue afirmando la UNA. Y agrega, el TLC “no es libre y… no trata solo de comercio. Se trata de un instrumento de transformación económica, social, institucional y jurídica de este país… que nos coloca en situación de efectiva desventaja en la relación, pero al mismo tiempo nos obliga a hacer, ‘de paso’, como si fuere un requisito de segundo orden, una profunda reforma institucional que entroniza el sistema institucional neoliberal…”

Pero aún hay más. En cuanto a la legislación ambiental “en lugar de promover mejoras… las desincentiva” pues no favorece “los esfuerzos nacionales para mejorar los estándares ambientales”, además de que hace uso de una definición de “legislación ambiental” muy restrictiva, oscura, tramposa, que “no incluye la recolección, administración, extracción o explotación de los recursos naturales con fines comerciales”.

En fin, como en otras oportunidades históricas, las universidades públicas nuevamente brindan luz allí donde la oscuridad es aliada de la ignorancia. Le corresponde ahora a la Asamblea Legislativa valorar el acuerdo que comentamos, para que junto a lo expuesto antes por la UCR y el Instituto Tecnológico, pongan en una balanza, las muchísimas razones en contra del TLC y las muy escasas dadas a favor, para tomar la trascendental decisión que la circunstancias han puesto en sus manos.

fpacheco@una.ac.cr

Textos sobre el TLC

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ANTTEC	Diez años después del TLC, México sigue viviendo en la pobreza y el subdesarrollo
Arguello, Manuel	¿Territorios Libres Centroamericanos?
ANEP	El TLC y el empleo en Costa Rica
Comisión de Notables	Informe final de carácter general sobre el TLC
Encuentro Popular	Casos y cosas del TLC. Por qué dedimos NO.
Mora, Henry	101 razones para oponerse al TLC
Mora, Henry	TLC, libre comercio y derechos humanos
Umaña, Leonardo	TLC: ¿Qué... Cómo... A quién?
United for a Fair Economy	Libre comercio, ¿Amigo o enemigo?
United for a Fair Economy	Libre comercio, ¿Amigo o enemigo? (Guía para entrenadores)
Vargas, Óscar	¿Qué es el CAFTA?
Varios	Carta a Abel Pacheco
Varios	El TLC y la propiedad intelectual
Varios	Instructivo de organización regional
Varios	Los (mal) tratados de libre comercio
Varios	Por qué decimos NO al TLC
Varios	Resumen características, aspectos negativos, mitos y falacias con respecto al TLC (Se abre con Excel)
Varios	TLC con Estados Unidos. ¿Debe Costa Rica aprobarlo?
Villalta, José	El TLC-EUA, un golpe de gracia al estado social de derecho costarricense

Presentaciones

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ANTTEC & FIT-ICE	¿Quiénes ganan y quiénes pierden con el TLC ? (Se abre con Powerpoint)
Varios	¿Habrá competencia con la apertura de la telefonía celular-móvil en el TLC? (Se abre con Powerpoint)
Varios	Implicaciones del TLC (Se abre con Powerpoint)
Varios	Muerte lenta al agro con el TLC (Se abre con Macromedia Flash Player)
Varios	Situación del agro en Costa Rica y el TLC (Se abre con Macromedia Flash Player)

¡De pie, Costa Rica! ¡No al TLC! Abril 13, 2006 Si no se puede modificar antes de aprobarlo, ¿cuándo se arreglaría algo si no sirve? Por Rolando Araya Monge, ingeniero Don Óscar Arias dijo recientemente que era “más difícil cambiar los Diez Mandamientos que modificar el TLC”. Hasta hizo una propuesta “en broma” a Ottón Solís para que viajara a convencer a los norteamericanos sobre una renegociación, con el sueño de liquidar la oposición al TLC. Luego apareció, como compadre hablado, una carta del representante comercial de los Estados Unidos, en la cual este reitera el rechazo de la falsa renegociación. Ya esta torpe maniobra delata una burla al pueblo. Don Óscar Arias no parece haber asimilado el imprevisto resultado que lo tuvo en ascuas durante semanas. Con una posición contraria al TLC habría sacado una votación mucho más alta. Ante la cuestión de los Diez Mandamientos: a confesión de parte, relevo de pruebas. El carácter irrevocable y la sujeción a perpetuidad del TLC son parte de los argumentos en contra. Podremos cambiar las leyes, y hasta reformar toda la Constitución Política, si a bien lo tiene el pueblo, pero nunca tocar las normas del TLC. Se escribirán en piedra. Ahora, lo ratifica el propio don Óscar Arias, ni los Diez Mandamientos son tan firmes. ¿Y si ni siquiera puede alterarse antes de aprobarlo, cuándo podría arreglarse algo si no sirviera? Se imponen condiciones que nos sujetan totalmente con enormes poderes económicos. Wall Mart adquirió la mayor red comercial del país y esta empresa se puede tragar a Costa Rica entera sin siquiera masticar. En eso andan las transnacionales farmacéuticas que financian la campaña Por Costa Rica. A esas empresas no les importan nuestras posiciones en torno a los agricultores, a los empresarios locales, al bienestar social ni nada de lo que hizo posible la democracia con más cohesión social en la región. Solo asocian la palabra “ética” con ganancias, con lucro. La paz, el ambiente, los pobres, la salud, nada de eso cuenta para ellas. Son gigantes insaciables e inconscientes; son la principal causa de esta distribución inmoral e ineficiente del poder y la riqueza en el mundo, el mayor peligro para la libertad misma. ¿Cómo entonces, amarrarnos inermes con esas fieras voraces? Esas mismas ataduras nos ligan transversalmente, con el resto de los países de Centroamérica. Si es más fácil modificar los Diez Mandamientos, y si se establece un orden jurídico para siempre y para toda la región, ¿no significa esto volver a la Federación Centroamericana? Castro Madriz, al ver la inconveniencia de depender de países dominados por férreas oligarquías, en guerras permanentes, pudo proclamar la República. Ni eso sería posible ahora por las millonarias demandas de unos y otros en tribunales internacionales en caso de intentar la salida. ¿Regresamos a 1848? Costa Rica es uno de los países más abiertos de Latinoamérica; avanzamos en relaciones comerciales con todo el mundo a través de la OMC; estamos negociando otros tratados y tenemos ventajas económicas. ¿Por qué razón no podemos rechazar este TLC, mal negociado a puerta cerrada, y plantear una negociación bilateral y transparente, como hace Panamá? Eso es posible, ¿o acaso pensamos que Costa Rica es inferior a Panamá? De todos modos, la idea de quedarnos aislados es solo un truco para amedrentar. Ahí está la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que nos dio acceso casi total al mercado norteamericano. La amenaza de su derogatoria la hacen funcionarios que no tendrán tanto poder después de las elecciones parlamentarias de este año en Estados Unidos. Costa Rica se ha labrado camino gracias a las cualidades de su pueblo, a las riquezas naturales y las bellezas con que Dios bendijo esta tierra. Una de sus mayores fortalezas son las pequeñas y medianas empresas agrícolas, industriales y comerciales, que no podrán competir con esos monopolios. No es cierto lo que dicen: en lugar de ganar empleos, habrá una pérdida real de empleos y cierre de empresas. Todo esto, en función de ideas que las potencias solo exigen a los demás. ¿Por qué, si los suizos, los franceses y los propios norteamericanos protegen a sus agricultores, nosotros no solo no podemos, sino que también debemos entregar gratis nuestros mercados? Claro, esos tratados son muy “equitativos”: permiten por igual que las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos entren a competir aquí, y a las empresas costarricenses hacer lo mismo allá. Ya lo confirmó don Óscar Arias: el tratado es intocable aun en esta fase de discusión. Démonos cuenta de todo lo que entregamos por una incierta aventura defendida casi solo por los empresarios más ricos del país. La mayoría de los diputados que piden su aprobación ni siquiera han leído la introducción. Solo el pueblo de Costa Rica, en un acto de carácter fundacional, puede comprometer el destino de la nación de esta manera. “Sepamos ser libres…”. ¡De pie, Costa Rica! ¡No al TLC! Senadores de EE.UU. recibieron "donaciones" por apoyar el CAFTA
JEYMER GAMBOA GAMBOA y EDUARDO RAMÍREZ redactores	Empresas que se benefician con los tratados de libre comercio invierten millones de dólares para lograr que sean aprobados.
Mientras en Estados Unidos (EE.UU.) varios senadores que apoyaron el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) recibieron millonarias "donaciones" por $2.8 millones, en Costa Rica los diputados rechazan que se les haya ofrecido pagos de este tipo, aunque algunas personas no descartan que promotores del tratado puedan haberlos recibido. De acuerdo con una denuncia de la organización estadounidense "Public Citizen" del pasado 14 de febrero, 30 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibieron entre enero y setiembre del 2005 donaciones por $2.8 millones (más de ¢1.400 millones), provenientes de "industria" a favor de la aprobación del CAFTA. Esas "contribuciones" las hicieron corporaciones comerciales -como las poderosas  farmacéuticas-, para las campañas políticas de los congresistas norteamericanos (ver recuadro: "Donaciones" legales). El detalle de dichas donaciones ha sido prácticamente ignorado por la prensa costarricense, con excepción del diario La República, que incluyó una pequeña información al respecto el 16 de febrero, al igual que el periódico digital Informatico. Cabe recordar que el CAFTA lo aprobó el Senado el 30 de junio del 2005, por 54 votos contra 45, mientras que la Cámara de Representantes lo ratificó el 28 de julio, con una escasa diferencia de 217 contra 215. En Estados Unidos, la labor de cabildeo ("lobby") a favor de un determinado proyecto es algo común, al igual que la entrega de "retribuciones" por este apoyo. Por lo tanto, no es ilegal que congresistas reciban donaciones para otros fines, como financiar sus campañas políticas. En Costa Rica -en donde los funcionarios públicos tienen prohibido recibir contribuciones de este tipo-, legisladores consultados al respecto negaron tener conocimiento de eventuales sobornos para ellos y aunque algunos desestimaron que puedan darse, otros lo creen posible. Una opinión similar expresaron representantes del sector empresarial y sindical del país, para quienes no está muy claro la procedencia de los dineros que se emplean  para promover -especialmente- la aprobación del CAFTA en Costa Rica. Este es el velo que recae sobre el grupo "Por Costa Rica" -integrado por varios miembros que negociaron el tratado como funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y que entre abril y julio del año pasado gastaron más de ¢163 millones en publicidad. Esta agrupación ha rehusado informar del origen de sus fondos. A la ex-Embajadora de Negociaciones Comerciales por Costa Rica del CAFTA e integrante del grupo "Por Costa Rica" -Anabel González- se le mandó por correo electrónico (el día 23) un cuestionario con preguntas sobre el informe de Public Citizen y el financiamiento para promover el tratado, pero no respondió. Ella se encuentra en Inglaterra, tras ser nombrada como encargada de la División de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio. APOYO COMPRADO Lori Wallach, directora de la División de Vigilancia del Comercio Mundial de Public Citizen - la cual hizo la investigación-, comentó que este reporte da una explicación sobre algunos de los más inesperados votos que contribuyeron a que se aprobara el CAFTA. Asimismo, el estudio a la vez muestra cómo la desesperación de las corporaciones promotoras del CAFTA puede hacer posible una expansión del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), pese a las objeciones del pueblo, cuya ira enfrentan ahora los congresistas, dijo Wallach. En relación con esos pagos, el exportador costarricense y miembro de la Cámara de Empresarios Pro Costa Rica -Juan Francisco Montealegre- aseguró que este tipo de prácticas ha crecido y son frecuentes por parte del gobierno estadounidense. "Son negociaciones con  base en el concepto de que el mercado es el que maneja la economía". Para el empresario, esto es parte del deterioro en las políticas de EE.UU. y del irrespeto que ese país se ha ido ganando, y que ha ido creciendo en el resto de países del mundo. "No sabría decir si aquí se ha dado algún tipo de ofrecimiento. Lo que sí es muy extraño es que desde un inicio se quería hacer creer que el CAFTA iba a solucionar todo, como si en este país no se conociera absolutamente nada de comercio internacional y de economía", criticó. Montealegre considera que contribuciones como las que se practican en EE.UU. provocan que la negociación se haga en función de determinados intereses privados. "En el caso de Costa Rica, los grupos que promueven el CAFTA nunca quisieron decir de dónde venía el dinero para financiar esa campaña. Podrían ser dineros perfectamente similares a este tipo de contribuciones que se dieron en EE.UU. El hecho de que nunca se informara sobre su procedencia levanta sospechas. Me parece que es parte de lo mismo". Hay una falta de visión -agregó- al creer que  todo se resuelve con dinero y -lamentablemente- hay muchos políticos que están dispuestos a recibir estas contribuciones. Las empresas que donaron a senadores en EE.UU. hicieron una inversión que ahora tienen que recuperar, y, en este sentido, Costa Rica es un país que consume lo suficiente como para  resarcir el dinero que ellos invirtieron, acotó. Otro que coincide con el mencionado empresario es Román Macaya -director ejecutivo de la Cámara Nacional de Productos Genéricos (CONAPROGE)- para quien "estos tipos de pagos desafortunadamente son normales en EE.UU.".   Macaya detalló que "en nombre del lobby, senadores y miembros de la Cámara de Representantes reciben frecuentes visitas de delegados de corporaciones, los cuales empujan una agenda muy corporativa o sectorial. Los pagos para el financiamiento de campañas son pan de todos los días".   De igual manera, indicó que no se ha divulgado acerca del costo adicional que tuvo la aprobación del CAFTA en términos de proyectos ofrecidos a legisladores estadounidenses. "Quisiera ver cuántos puentes, carreteras, contratos, etc. fueron ofrecidos a los congresistas cuyos votos fueron decisivos para la aprobación del CAFTA. Creo que los $2.8 millones de dólares se quedarán muy cortos cuando veamos esos números. También hay que sumar todos los beneficios que reciben en términos de viajes en jets privados de corporaciones, viajes personales pagados por corporaciones, etc". Tras referirse al gran poder de lobby que tienen en EE.UU. las empresas farmacéuticas, aclaró de que en Costa Rica no conoce de algo similar, dado que aquí no se tiene la práctica de reelegir a los diputados, y por lo tanto no son sujetos de pago para que financien sus futuras campañas electorales. Macaya llamó a ponerle cuidado al tráfico de puestos para los que promueven el CAFTA en Costa Rica o el resto de  Centroamérica, "aunque siempre sería difícil demostrar relaciones entre los incentivos para promover el CAFTA y las personas que lo aprobarían. Otra cosa que habría que preguntarse es:  ¿de dónde viene el financiamiento de la campaña multimillonaria a favor del CAFTA?". Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) -Albino Vargas-, en torno a las denuncias de Public Citizen recordó que en agosto del año pasado fue con otros centroamericanos a cabildear contra el CAFTA en Estados Unidos, en compañía de dirigentes de la gran central sindical AFL-CIO, y allí le informaron que los votos de algunos de los congresistas no obedecerían a su convencimiento, sino a otros intereses. El sindicalista externó temor de que la práctica ya consolidada en Estados Unidos de hacer cabildeo, pueda extenderse a Costa Rica. "Nosotros estuvimos diciendo públicamente de que aquí un voto por el CAFTA se podría cotizar hasta en $500.000; esto basado en lo que se dice en corrillos legislativos nuestros". Al preguntársele si él creía que en la Asamblea Legislativa o en algún ministerio se podría sobornar a personas, Vargas lamentó: "Hay tanta desmoralización y tanta relativización de lo que son los valores, que no podría uno descartar que algún legislador -que a va caer en el anonimato político y no tiene nada que perder- pudiera caer en esa tentación". Como ciudadanía viva -exhortó- deberíamos estar muy vigilantes de cómo se van a mover los votos del CAFTA en el Congreso costarricense, y auscultar profundamente a los legisladores proclives a su aprobación, tanto de la legislatura saliente como a la que viene y seguirles la pista en sus relaciones o nexos, para asegurarnos que no rueden los dineros comprando conciencias. Aprovechó además para reiterar que al grupo Por Costa Rica lo retaron públicamente para que diga de dónde viene el dinero con que financian su campaña por el tratado. "Hasta el momento no han querido hacerlo", se quejó. AQUÍ NO Más escéptico de que las prácticas político-comerciales estadounidenses se puedan extender a Costa Rica, se mostró el presidente de la Cámara de Exportadores (CADEXCO) -Antonio Burgués-, al considerar que estas no tienen cabida aquí. "En el caso de Costa Rica, cualquier sector o cualquier interés que ofrezca dádivas o influencia más allá -para tratar de convencer-, me parece que sería totalmente corrupción", manifestó. Según Burgués, en Estados Unidos no solo hay influencia de los que impulsan el CAFTA, sino también de los sectores que se oponen, como los sindicatos. Instó a que en la Asamblea Legislativa cada uno de los grupos que tiene diferencias sobre el tratado trate de convencer y que sea a través del sistema democrático que se planteen sus propuestas con transparencia. Respecto a la campaña del grupo Por Costa Rica aseveró que allí hay financiamiento, al igual que intervención aquí de los sindicatos de EE.UU. en contra del tratado. "La ventaja es que eso es a través de publicidad y abiertamente. Yo no veo ni creo -porque eso ya sería corrupción- que sea a través de los legisladores". Por otro lado, la viceministra de Comercio Exterior -Doris Osterlof- afirmó que desconocía de la denuncia de Public Citizen y que debía ahondar en ese informe para opinar con fundamento. Sin embargo, expresó que nunca ha oído de que en EE.UU. u otros países del mundo sea corriente la entrega de retribuciones a los parlamentarios por apoyar proyectos. Tampoco piensa que en Costa Rica se pueda dar una situación parecida y desvirtuó la posibilidad de que sectores privados puedan ofrecer dádivas para lograr la aprobación del CAFTA. En este sentido, insistió en que si habla de intentos por sobornar funcionarios, estos pueden provenir tanto de los sectores que están a favor, como en contra del tratado. Se quiso conocer el criterio del presidente la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) -Samuel Yankelewitz-; pero, al cierre de esta edición (lunes 27) no había respondido a un cuestionario que se le envió desde el jueves 23. Donaciones "legales" El cabildeo por parte de grupos de interés  en el Congreso norteamericano, para sacar provecho de la aprobación de proyectos que están en discusión, se ha vuelto "pan de cada día" en la política de EE.UU. Así lo hacen constar las informaciones en los medios internacionales de los últimos meses, con el destape del caso del excabildero político Jack Abramoff. Abramoff ha desatado un escándalo en EE.UU al declararse culpable de fraude, conspiración y evasión de impuestos, y se espera que coopere en la investigación sobre presunta corrupción entre algunos miembros del Congreso y de su personal. Según el sitio en Internet de la BBC,  Abramoff admitió entregar millones de dólares y favores a miembros del Congreso, sus empleados, y sus esposas. También aceptó que los llevó en varios viajes para jugar golf en Escocia, y que les dejó comer en su restaurante gratis. Lo que aún no está claro es qué recibió a cambio. A Abramoff ahora se le vincula con "donaciones" a congresistas norteamericanos para que aprobaran el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés). Así lo revela el informe de la División de Vigilancia del Comercio Global de Public Citizen, que denuncia el pago de "contribuciones" por un monto de $2.8 millones, que se repartieron entre 30 congresistas (CAFTA 30) que mantenían dudas sobre la aprobación del acuerdo comercial con las naciones centroamericanas.   Según el informe, estas donaciones se realizaron entre enero y setiembre del 2005 con montos que oscilaron entre los $20 mil y $40 mil, a través de los llamados "comités de acción política" que promovían la aprobación del CAFTA. El documento señala que "los dos congresistas, que más se beneficiaron de estos aportes fueron Jim Gerlach y Mike Fitzpatrick, de Pensilvania". Dos meses después de que el Congreso norteamericano aprobara el tratado, por una ajustada diferencia de dos votos, los congresistas Melissa Bean, Robin Hayes y Gregory Meeks, entre otros, recibieron aumentos inusuales por parte de "los comités de acción política". Por otro lado, Bean también recibió contribuciones de personas fuera del Estado al que representa, "lo cual es una muestra de la influencia de grupos de interés". Public Citizen señala además que  los congresistas del "CAFTA 30" también recibieron fondos de fuentes conectadas con el excabildero Abramoff, entre ellos Chris Cannon, Phil English, Mark Foley y Hayes, o de "los comités de acción política de la industria pro-CAFTA". Todos ellos recibieron a la vez contribuciones para sus campañas, directamente de Abramoff, o de las tribus indígenas americanas que le pagaban a él para representarlas.   El informe destaca que el demócrata Henry Cuéllar también recibió dinero de Abramoff desde la conexión tribu-Abramoff. Mientras, el congresista Richard Pompo -cuyo voto por el CAFTA resultó particularmente sorprendente-, fue de los ocho mayores receptores ($40.000) con una fuerte vinculación a Abramoff.   En un comunicado de Public Citizen, con fecha del 14 de febrero, se informa de protestas de grupos opositores al tratado frente a las oficinas de los representantes que votaron a favor del CAFTA. Qué es Public Citizen Public Citizen fue fundada en 1971 y presidida hasta 1982 por Ralph Nader, candidato independiente a la presidencia estadounidense en 2000 y 2004 . Tiene el propósito de defender la salud, la seguridad y la democracia de los ciudadanos y se define como una "organización sin ánimo de lucro en pro de los intereses públicos". A trabajado a favor de multitud de causas, desde implicarse en el caso Watergate (consiguieron que se declarase ilegal el cese del fiscal que investigaba el caso por parte de Nixon, y el cierre de centrales nucleares, hasta defender a los consumidores en casos como  indemnizaciones o litigios contra la industria tabacalera.

UN TLC RENEGOCIADO

EL PAC cree en el comercio internacional y en los Tratados como herramienta para regularlo. Ottón Solís, como diputado en 1994, impulsó y votó positivamente la ratificación del Acta Final de la Ronda Uruguay que dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nuestro partido votó favorablemente el TLC con Canadá. En ambos casos no nos satisfacen todos los compromisos adquiridos, pero en balance nos parece que son acuerdos positivos para Costa Rica.

El PAC ha querido un TLC no solo con Estados Unidos sino también con Japón, la Unión Europea y el MERCOSUR. Ottón Solís ha comunicado esas aspiraciones desde hace mucho tiempo, al gobierno de Japón, a los embajadores de la Unión Europea y a los embajadores de Brasil y Argentina.

En relación con el TLC con Estados Unidos, el PAC manifestó su interés desde el mes de enero del año 2002, cuando el presidente Bush anunció que su gobierno estaba dispuesto a negociar un TLC con los países de Centro América. Pocos días después de ese anuncio, en un encuentro con empresarios en la Cámara de Industrias, el candidato del PAC comunicó su entusiasta interés y el del partido por ese TLC.

El entonces Representante Comercial de Estados Unidos, especificó los contenidos generales de ese Tratado en una carta que remitiera al Congreso de su país el 22 de agosto de año 2002. El PAC expresó que en algunos aspectos podrían haber diferencias entre las propuestas de Estados Unidos esbozadas en esa carta y nuestra visión de desarrollo. Durante las negociaciones en el año 2003, el PAC produjo numerosos documentos y sostuvo reuniones con las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior, con organizaciones productivas y con académicos. En todos esos documentos y reuniones, el PAC expresó las razones por las cuales considerábamos importante un TLC con Estados Unidos y nuestra visión sobre lo que considerábamos debían ser los contenidos del mismo.

Una vez que terminaron las negociaciones y después de un intenso análisis de los contenidos del Tratado, expresamos, en una magna reunión en el Edificio Cooperativo de San Pedro de Montes de Oca, nuestro deseo de que se renegociaran algunos aspectos. Hoy reiteramos nuestro deseo de que exista un TLC con Estados Unidos Sin embargo, antes de ratificarlo y para que el PAC pueda votar positivamente, es necesario que se modifiquen ciertos puntos. Estos han sido explicados en varios documentos. En este caso nos permitimos presentar una síntesis de esos aspectos.

1. El TLC compromete a Costa Rica a abrirse a las importaciones agrícolas de Estados Unidos, sin que este país se comprometa a eliminar los subsidios a este sector. Por otra parte, no se ponen en práctica las mismas reglas para el azúcar, donde sin subsidios Costa Rica tiene sustanciales ventajas competitivas en el mercado de Estados Unidos. El TLC nos obliga a aprobar el convenio UPOV que encarecerá los costos de utilización de semillas certificadas para nuestros agricultores. El TLC debe renegociarse para que cualquier apertura en nuestro mercado agrícola este condicionada a que Estados Unidos elimine los subsidios y a que libere las importaciones de azúcar. El TLC debe renegociarse para que se elimine la obligación de ratificar el convenio UPOV.

2. El TLC por medio de sus normas para la protección a la propiedad intelectual compromete a Costa Rica a extender el disfrute de poder monopólico por parte de las empresas que han patentado medicinas y agroquímicos más allá de lo establecido por la OMC. Esto podría elevar la facturación por concepto de medicinas de nuestro sistema de seguridad social y los costos de la actividad agrícola. El TLC debe renegociarse para que esa protección se limite a lo ya establecido por la OMC.

3. El TLC obligaría a Costa Rica a otorgar protecciones a los inversionistas a un grado tal que limitarían severamente la posibilidad de establecer normas de desempeño y de poner en práctica diversas políticas de desarrollo. El TLC redefine el concepto de propiedad privada para incluir dentro de ella la tasa de ganancias esperada de una inversión. Si esa ganancia esperada es afectadas por una decisión nacional, la empresa debe ser compensada como si hubiese sido expropiada (expropiación indirecta). El TLC debe renegociarse para que nuestro país, respetando los derechos de propiedad tradicionales, mantenga la posibilidad de orientar el desarrollo y la inversión de acuerdo a los intereses nacionales. El TLC debe renegociarse para que se elimine el concepto de expropiación indirecta.

4. El TLC permite que una empresa registrada en Costa Rica no utilice nuestros tribunales en caso de alguna controversia. Esto es una afrenta a nuestra democracia. El TLC debe renegociarse para que toda empresa registrada en Costa Rica esté obligada a respetar nuestros Tribunales y nuestros mecanismos para la solución de controversias.

5. El TLC obliga a Costa Rica a abrirse en servicios por medio de una lista negativa en la cual se enumeran los servicios en los cuales no nos comprometemos a la apertura pero no en los que si nos comprometemos. El TLC debe renegociarse para que se haga explícita la lista de servicios en la cual estamos dispuestos a abrirnos en materia de servicios (lista positiva).

6. El TLC tiene un enfoque punitivo en materia ambiental: si un país incumple su legislación puede ser sancionado. Esto desestimulará el impulso de leyes y normas más avanzadas para proteger el ambiente, pues entre más rigurosas sean más son los peligros de incumplirlas y mayores las posibilidades de sanción. El TLC debe renegociarse para que en lugar de ese enfoque punitivo tenga un enfoque de reconocimiento a estándares, de tal amanera que su mejora se traduzca en concesiones en términos de acceso a mercados o de cooperación económica.

7. El TLC nos compromete a abrir totalmente nuestro sector industrial a las importaciones de Estados Unidos. El TLC debe renegociarse para que mantengamos la posibilidad de proteger a ciertos sectores donde predomina la pequeña y mediana industria o donde no existe producción local pero se trata de bienes suntuarios o de lujo donde es conveniente cobrar impuestos de importación.

8. El TLC compromete a Costa Rica a permitir la participación de empresas norteamericanas en las contrataciones del Sector Público más grandes, mientras que únicamente 23 estados de la Unión Americana hacen lo mismo y además hacen algunas salvedades para poder seguir privilegiando a empresas de tipo social. El TLC debe renegociarse para que todos los estados permitan la participación de empresas costarricenses en sus licitaciones y para que Costa Rica pueda reservar ciertos privilegios para empresas costarricenses como el Banco Popular, las cooperativas, empresas municipales de servicios, empresas propiedad de mujeres o de pequeños y medianos empresarios y otras que persigan fines sociales.

9. El TLC obliga a Costa Rica a permitir que el capital privado participe en el área de telecomunicaciones si garantías sobre el mantenimiento de los criterios de acceso universal que han prevalecido en el país. El TLC debe renegociarse para que no contemple la apertura en telecomunicaciones. El país debe tomar una decisión en esta materia libre de otras condiciones e independientemente de otras decisiones.

10. Mientras que el TLC contempla la libre movilidad del capital no contempla un tratamiento similar al trabajo. Ni siquiera se hicieron esfuerzos para legalizar la situación de al menos parte de los costarricenses que han estado trabajando y pagando impuestos y generando riqueza honradamente en Estados Unidos por mucho tiempo. El TLC debe ser renegociado para que las reglas de la globalización que benefician al capital también lo hagan al menos parcialmente con el trabajo.

11. La competitividad internacional requiere de desarrollos tecnológicos (R&D). El TLC no está acompañado de cooperación económica para esos fines (ni para ninguno) del país avanzado tecnológicamente al país menos avanzado. El TLC debe renegociarse para que incluya un compromiso de cooperación financiera de Estados Unidos a Costa Rica para destinarlo a un programa de investigación y desarrollo tecnológico de largo plazo.

Finalmente, debemos señalar que distinguidos costarricenses han argumentado sólidamente que el TLC tendría rangos y consecuencias legales mucho más fuertes en Costa Rica que en Estados Unidos. Si ello fuese así, Costa Rica debería revisar la naturaleza de la normativa que acompañe la eventual ratificación del TLC, para equipararla al rango que tenga en Estados Unidos.

El TLCAN: Libro de Apocalipsis para el Ecuador
Por Pedro López Juiz

“Those who do not remember their past are condemned to repeat their mistakes.” George Santayana
“Aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetir sus equivocaciones.” Jorge Santayana
Para prever lo que sucederá en el caso de que Ecuador firme su Tratado de Libre Comercio con EE.UU., no se necesita tener gran imaginación ni gozar de una gran capacidad econométrica. Ya todo está escrito a grosso modo al respecto para el Ecuador (así como para todos los presentes y futuros firmantes de un TLC con EE.UU.) en el Gran Libro de Apocalipsis llamado TLCAN.

Los estudios basados en diez años de TLCAN (el tratado comercial firmado entre México, EE.UU., y Canadá) comienzan a proliferarse pródigamente. La mayoría de ellos llegan a la conclusión de que el TLCAN ha sido un desastre para la mayor parte del pueblo de México y una bonanza para las Multinacionales de Norteamérica. Otra conclusión en la cual muchos estudiosos del tema coinciden es que el sector más afectado de México por dicho tratado fue la agricultura y que dentro de la agricultura el más golpeado fue la actividad de ciclo corto, como granos y oleaginosas. Estos mismos funestos desenlaces producidos en México y extrañamente previstos antes de acontecer por el mismo Fondo Monetario Internacional en un boletín del 10 de agosto de 1992 ocurrirán en Ecuador como consecuencia de la firma del TLC por parte del país andino, tal vez hasta en mayor escala de descalabro, dadas las circunstancias de superior grado de asimetría entre Ecuador y EE.UU.

En un índice de desarrollo humano (año 2000) dentro de los países de todo América, Ecuador ocupa el puesto 27 entre 34 países en total, México el 14, y Estados Unidos el 2. Por otro lado en un estudio de vulnerabilidad ante los acuerdos del TLC (año 2003) hecho entre 18 países dentro del cual el primer puesto indica la mayor vulnerabilidad y el lugar 18 refleja la menor vulnerabilidad, Ecuador se coloca en el puesto 2 y México en el puesto 16, superado sólo por Costa Rica y Uruguay. Queda claro que un país como Ecuador, altamente vulnerable en referencia a aperturas comerciales extra-territoriales, profundamente deficiente en términos de competitividad a nivel regional y mundial, y agudamente susceptible a las coimas del “hombre del maletín”, no puede medirse en el mismo cuadrilátero con el Mike Tyson de los superpesados del comercio global, Estados Unidos de América. Hacerlo sería equivalente a cometer el más absurdo suicidio nacional.

Mientras que Ecuador tiene una población de 12 millones, Estados Unidos goza de una de 285 millones. Es decir, Estados Unidos es 24 veces más grande que Ecuador en términos de población. Entonces sólo de esa asimetría podemos inferir que los efectos producidos por cualquier movimiento de productos de un país a otro serían como mover la población de Guayaquil, Guayas a Montalvo, Los Ríos, es decir, desastrosos, o como mover la población de Montalvo a Guayaquil, es decir, equivalente a la picada de un mosquito, insignificante. México contiene una población de 100 millones de habitantes y por lo tanto es 8 veces más grande que Ecuador en ese sentido. En cuanto al PIB (Producto Interno Bruto), Ecuador produce 31, 722 millones de dólares, México 428,800, y Estados Unidos 8.351,000. En otras palabras, el PIB de Estados Unidos es 19 veces mayor que el de México y 263 veces mayor que el de Ecuador. Entonces se puede concluir fácilmente que los efectos del TLC con Estados Unidos serán muchos más fuertes para el Ecuador que para México.

Por eso, lo que ha sucedido en México después de una década de TLCAN debería asustar de sobremanera al pueblo ecuatoriano, puesto que no augura nada bueno para el país andino, país que sufre de muchas más desventajas que el primero y se encuentra totalmente carente de una agenda interna para la activación productiva y es ciego en cuanto a visión futurista. Pero esa historia mexicana sí tiene un alto valor utilitario en el sentido de que nos alerta a todos a los peligros que correría Ecuador, o cualquier país latinoamericano, que firme un TLC con EE.UU., pues estaría botando su futuro al basurero, convirtiéndose en colonia del Imperio del Norte y en campo de concentración fabril de las Multinacionales estadounidenses.

El paradigma más idóneo de lo que acontecerá en Ecuador es el sector arrocero mexicano. Con el TLCAN, lo que le cayó encima a los arrozales del país azteca fue un tsunami. Esto debería servir de alerta roja para cualquier país agrícola por excelencia, como Ecuador, que tenga productos agroalimentarios hipersensibles ante los alimentos multimillonariamente subsidiados de Estados Unidos. En México hoy el 80% del arroz consumido proviene de Estados Unidos. Antes del TLCAN, en México se sembraban 250,000 hectáreas de arroz y había 30,000 arroceros. El terremoto del TLCAN dejó sólo 70,000 hectáreas y 5,200 productores.

La causa principal de este debacle fue, sin duda alguna, los subsidios que goza el arroz de Estados Unidos, y lo que hace tanto daño como los subsidios es el hecho de que la mayor parte de los mismos son otorgados a Multinacionales, con las cuales el gobierno estadounidense tiene una relación oscura e incestuosa. Sólo una mega-empresa arrocera como Riceland Foods Inc. de Stuttgart, Arkansas (estado donde fue Gobernador el ex-presidente Bill Clinton, ¡qué coincidencia!) recibió $533 millones de dólares entre 1994 y 2005. Ese tipo de exagerada concentración de poder económico en las Multinacionales pavimenta el camino para que éstas puedan pulverizar las humildes economías agroalimentarias de los países en desarrollo como México y, en un futuro, Ecuador.

No obstante, en el año 2002 México hizo un último intento patriótico por salvar su arroz, imponiendo aranceles al arroz de grano largo estadounidense bajo la premisa de que dicho arroz se vendía a un valor por debajo de sus costos reales, es decir, que Estados Unidos exportaba su arroz a precio de dumping. Entre 2000 y 2003, Estados Unidos promedió un costo total de producción de arroz procesado de 46 kg de US $18.54, mientras que su precio promedio de exportación para dicho grano fue US $12.43. Esto es un innegable ejemplo clásico de dumping. Sin embargo, cuando en el año 2003 Estados Unidos elevó a la OMC el caso de los aranceles mencionados en la forma de un litigio en contra de México, la Organización Mundial de Comercio extrañamente falló en el mes de diciembre del 2005 a favor del Imperio. De tal manera que ya deberíamos comenzar a preguntarnos: ¿De qué no son dueños los Amos del Universo?

Porque lo quieren todo, y no dejan en paz ni la agricultura del los más pobres del planeta, el arroz. A través de la nanotecnología, quieren adueñarse del mundo del átomo. A través de los subterfugios de la Propiedad Intelectual, exigen Título de Propiedad de la vida misma. A través de la NASA, anhelan conquistar nuestra luna y Marte y el resto de nuestro sistema solar, para desde allí saltar, como Ícaros arrogantes, hacia las estrellas, las mismas que adornan su bandera, que en otra época para muchos significó valores trascendentales como la libertad y la igualdad pero que desde hace un tiempo para acá un puñado de malvados han secuestrado y convertido en símbolo de la codicia sin límites, la opresión inhumana, y el imperialismo desquiciado.

Pedro López Juiz, Presidente de ARAS (Asociación Riosense de Arroceros y Soyeros) arasmontalvo@hotmail.com

Deberá próximo presidente de Costa Rica renegociar TLC con EU

14 de Febrero del 2006

Notimex San José - El presidente de Costa Rica que surja de la elección realizada el pasado 5 de febrero deberá renegociar el tratado de libre comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos, dijo hoy un dirigente arrocero.

La renegociación obedece al hecho de que el tratado en su versión actual -fruto de la negociación realizada en 2003- carece de viabilidad, dijo el dirigente Oscar Campos, en conferencia de prensa con medios de prensa internacionales.

"Me parece que la tarea del nuevo gobernante es iniciar un proceso de renegociación", planteó Campos, presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

"No hay otro camino posible", enfatizó el dirigente de la entidad que agrupa a más de seis mil productores arroceros -incluidos unos cinco mil 300 microproductores-, de quienes dijo que serían perjudicados por el acuerdo comercial.

"El TLC, tal y cual está, no tiene ninguna viabilidad", dijo al referirse a la correlación de fuerzas a favor y contra el acuerdo que presentará el Congreso costarricense, según el presente conteo de los votos emitidos en las elecciones de hace nueve días.

El dirigente indicó que en la eventualidad que entre en vigencia el actual acuerdo comercial, los productores costarricenses no podrían competir con el arroz importado de Estados Unidos, país que subsidiada su producción agrícola.

Con una producción arrocera de 250 mil toneladas anuales y un consumo promedio semanal per cápita de un kilogramo, este país de unos 4.2 millones de habitantes importa de 100 mil a 150 toneladas de arroz para cubrir su necesidad del grano.

El arroz importado por Costa Rica llega en un 98.5 por ciento de Estados Unidos.

Organizaciones políticas como el centroizquierdista Partido Acción Ciudadana (PAC), que se perfila como segunda fuerza legislativa, y partidos menores, bloquearían la ratificación del convenio, según Campos, un ex diputado costarricense.

El dirigente relató que "en el campo (_) había un gran recelo", respecto al candidato presidencial por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Oscar Arias, ex presidente (1986-1990) y firme promotor del acuerdo comercial.

En el lento escrutinio definitivo que hace una semana lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Arias aventaja con estrecho margen de votos a su principal adversario, Ottón Solís, postulado por el PAC.

El ajustado margen -inferior a uno por ciento, al inicio del conteo- que separa ambos candidatos, representantes de las dos tendencias que polarizan a Costa Rica respecto al acuerdo comercial, indica que "le hemos dicho (_) 'no' al TLC", expresó hoy Campos.

"Nosotros tampoco es que somos obstinados en decir que no debe haber un tratado con Estados Unidos, no", enfatizó al aclarar la posición del sector que representa.

Algunos sectores costarricenses contrarios al acuerdo comercial han exigido la renegociación, propuesta que cuenta al candidato presidencial del PAC entre sus principales promotores.

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea legislativa recibió el 21 de noviembre del año pasado el texto del acuerdo comercial, documento que tras extensa consideración, el Poder Ejecutivo le trasladó ese día.

El grupo de trabajo decidió la semana pasada suspender su debate del acuerdo a la espera de que el TSE anuncie de manera oficial, al parecer la semana próxima- el nombre del próximo presidente de Costa Rica.

El tratado ha recibido, desde diciembre de 2004, la ratificación legislativa de seis de sus siete socios -El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, NicNicaragua, República Dominicana-, siendo Costa Rica la excepción.

El pueblo de Costa Rica molesto con Asamblea Legislativa Costarricense.

101 RAZONES PARA OPONERSE AL TLC.

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DE HENRY MORA

La amarga experiencia mexicana en el agro

El circulo vicioso del Tratado de Libre Comercio de América de Norte

Víctor M. Quintana S.
Deslinde

Actualmente Estados Unidos ejerce todo tipo de presiones para imponer la firma del ALCA al conjunto del continente americano a partir de 2005. El Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) constituye el antecedente inmediato del ALCA. Los nefastos resultados que ha traído a la economía y al pueblo mexicanos son un trágico ejemplo de lo que espera al resto del hemisferio de aprobarse el ALCA. En este artículo, Víctor Quintana -uno de los más prestigiosos analistas y defensores del agro mexicano- explica los perjuicios que el TLCAN ha significado para los agricultores del hermano país. Deslinde

Contra viento y marea, la agricultura mexicana sigue pesando fuerte en la economía, en la sociedad y en la cultura del país. El 20% de una población económicamente activa de casi 39 millones de personas se ubica en el sector agropecuario. Esto implica casi ocho millones de personas, la gran mayoría de ellas campesinos pobres e indígenas.

Este amplio sector de la población se ha visto seriamente afectado desde la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por sus siglas en español). Tal acuerdo comercial ha ocasionado ruina y problemas a la mayoría de agricultores mexicanos y sus familias. También ha perjudicado a los granjeros familiares estadounidenses, en tanto sólo beneficia unas cuantas empresas trasnacionales del agronegocio.

La razón de esto es que el TLCAN ha generado un círculo vicioso que, en la medida que va reproduciéndose, amplía la pobreza de la mayoría de los productores y concentra la riqueza en los productores poderosos. Dicho proceso se despliega en ocho fases:

Implementación de políticas agropecuarias neoliberales por parte del Gobierno Federal

El TLCAN se ubica dentro del programa de ajuste estructural de la economía mexicana, puesto en marcha por el gobierno federal desde 1982. Las políticas de ajuste, recetadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para superar la "crisis de la deuda" mexicana implicaron una dramática reorientación del aparato productivo y de la economía nacional.

En la agricultura hubo una primera generación de políticas de ajuste que se prolongó desde 1982 hasta 1988. El Gobierno Federal redujo sensiblemente los subsidios a la agricultura, sobre todo en materia de energéticos, fertilizantes y tasas de interés. Recortó el presupuesto para actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. A la vez, liberó el precio de los insumos y controló férreamente el precio de garantía de los productos agropecuarios, comenzando a desaparecer algunos de ellos. Con esto, empezó a derrumbarse la rentabilidad de muchos productores y se disminuyó drásticamente la producción local de alimentos.

La segunda generación de medidas de ajuste agrícola estructural comenzó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, a fines de 1988, cuando se hizo claramente perceptible que los tecnócratas neoliberales en el poder habían elaborado un nuevo proyecto para el campo mexicano y estaban decididos a ponerlo en práctica a sangre y fuego. Dicho proyecto considera que existe un gran volumen de población excedente en el agro, la cual es necesario reducir al mínimo: en lugar de que ronde por el 20-25% de la PEA debe disminuirse al 5% de la misma. Esto implica que más de 6 millones de productores campesinos minifundistas, deben abandonar la agricultura para dejar el campo a los productores modernos y eficientes, quienes concentran la tierra y trabajan con economías de escala.

Dos son los ejes que utilizó el salinismo para proseguir con la reestructuración neoliberal del campo: la contrarreforma agraria y la apertura comercial. La primera se tornó posible con las reformas a la Constitución y a la Ley Federal de Reforma Agraria en 1991 y 1992, y ofreció un nuevo marco jurídico para la progresiva privatización, ingreso en el mercado y concentración de las tierras ejidales y la apertura de las mismas a inversionistas privados nacionales y extranjeros.

La apertura comercial, iniciada desde 1986 con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés), permitió la importación creciente de productos agropecuarios en detrimento de la producción nacional. Esta penetración se amplió y profundizó con la entrada en vigor del TLCAN en enero de 1994.

La política agraria salinista se complementó con otra serie de medidas, como la contracción del crédito rural y la consiguiente caída de la superficie habilitada por las instituciones de crédito. El presupuesto del sector siguió reduciéndose. Se terminó con los precios de garantía subsistentes: los del maíz y fríjol. Desaparecieron o se privatizaron un gran número de entidades paraestatales o dependencias enfocadas al fomento agropecuario.

La orientación neoliberal de la política agropecuaria no ha sufrido cambios significativos durante el sexenio de Ernesto Zedillo ni en lo que va de la administración de Vicente Fox. Se han profundizado la apertura comercial y la disminución de subsidios. Desde 1998 se desmanteló una de las últimas empresas paraestatales, encargada de la regulación de precios y canalización de subsidios agrícolas para productos básicos: la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo.

En el marco más específico del TLCAN hay que decir que este acuerdo estipula que el sistema de Tarifas Arancelarias Cuotificadas sería eliminado progresivamente en el curso de quince años para el caso del maíz. México aceptó otorgar una cuota de importación libre de aranceles equivalente a dos millones y medio de toneladas de maíz. El arancel para las importaciones excedentes comenzaría en 206,9% en 1994 para reducirse a un 29,6% en los primeros seis años del acuerdo. Y el arancel restante sería eliminado en el transcurso de los nueve años siguientes hasta llegar a cero.

La realidad ha sido muy diferente. Desde 1994 las importaciones mexicanas superaron la cuota libre de aranceles fijada: 6 millones de toneladas anuales en 1996 y 5 millones en 1998 y 1999. De hecho desde 1994 todas las importaciones de maíz han estado libres de aranceles, con el pretexto de bajar costos de los alimentos y controlar las presiones inflacionarias. Con todo esto se truncó y se aceleró el período de transición hacia la desgravación total de las importaciones.

Algo parecido sucede con otros productos como el fríjol. Además, hay que tener en cuenta las enormes cantidades de granos y otros productos que ingresan de contrabando. El resultado inmediato e irrefutable de todo este conjunto de políticas ha sido el:

Incremento de las importaciones agropecuarias provenientes de EE.UU.

Para el sector agropecuario mexicano el TLCAN significa, en primer lugar, importaciones. En los primeros ocho años de su entrada en vigor, las importaciones agrícolas y ganaderas casi duplicaron su valor, pasando de 2,9 mil millones de dólares a 4,2 mil millones.

No cabe duda de quiénes se han beneficiado del TLCAN en materia agroalimentaria: de 1994 a 2001 México elevó sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios extranjeros en 44% e incrementó sus exportaciones en sólo 8%. Por su parte, Estados Unidos ha elevado muy significativamente sus ventas a México; por ejemplo, de frutas frescas y secas en 205%, y de semillas y oleaginosas en 84%.

Mas la tendencia se agudiza. En 2001 el déficit del sector agroalimentario mexicano frente a los Estados Unidos con relación a 2000 aumentó en un 60%; las exportaciones crecieron poco menos de 4% y las importaciones 15,5%. Este año las importaciones norteamericanas procedentes de México ascendieron a US$ 5 mil 267 millones contra US$ 7 mil 415 millones, que constituyó el volumen de importaciones mexicanas procedentes de EE.UU.

El comercio exterior agroalimentario con Estados Unidos ha variado como lo muestra el siguiente cuadro.

Comercio del sector agroalimentario mexicano con EE.UU

Año	Importaciones de EE.UU	Exportaciones a EE.UU.
1995	US$ 3.254 millones	US$ 3.835 millones
2000	US$ 6.420 millones	US$ 5.078 millones
2001	US$ 7.415 millones	US$ 5.267 millones

Veamos cómo está el panorama según los diversos productos:

En 1990 el promedio anual de importación a México de los diez cultivos básicos (maíz, fríjol, trigo, soya, sorgo, cebada, ajonjolí, cártamo y arroz) era de 8,7 millones de toneladas; en 2000 fue 18,5 millones de toneladas o sea 112% más. La Unión Americana cubre el 90% de este abasto.

El maíz es el principal alimento de los mexicanos: Antes del TLCAN lo más que se llegó a importar fueron 2,5 millones de toneladas anuales. En 2000 se importó más del doble: 5 millones 222 mil 760 toneladas y en 2001 aumentó un 15% más, para llegar a 6 millones 148 mil toneladas.

Durante los primeros siete años del TLCAN, las importaciones de maíz significaron un egreso de divisas por US$ 3.682,2 millones, cifra casi igual que el presupuesto para el sector agropecuario. Además, se han regalado a los importadores US$ 1.962 millones al permitir el ingreso de cupos sin arancel.

En el caso del fríjol, la importación también se ha ido incrementando. En 1996 Estados Unidos exportó a nuestro país 109.406 toneladas y en 1998, 170.737, un 60% más que dos años antes. Asimismo, también habría que hablar del contrabando, el cual desplaza enormemente a la producción nacional.

Algunos calculan la importación ilegal anual de fríjol en 200 mil toneladas, unas tres veces el cupo autorizado para el año 2002, que fue de 65.239 toneladas.

En el período 1980-1990 por cada diez kilos de arroz consumidos en México, 1,7 provinieron del exterior y por cada diez kilos de trigo, 1,2 vinieron de afuera. Para el período 1994-98, la dependencia se elevó en arroz a 5,3 kilos y en trigo a 3,5 kilos por cada diez consumidos.

La liberalización total del comercio del maíz, fríjol, trigo, cebada, arroz, sorgo y soya se dio desde 1996 y no desde 2009, como estipulaba el TLCAN. Durante los primeros 5 años del tratado se importó un promedio de 12 millones de toneladas de estos granos, 66,6 % más que el promedio de los nueve años anteriores al TLCAN. Esto representó una egreso de US$ 10.757 millones, 10 veces el presupuesto de Procampo y 5 veces el de la SAGAR para 1999.

México importó 50 millones de toneladas de granos básicos entre 1995 y 2000, convirtiéndose en el principal importador de éstos en América Latina. A tal cifra habría que agregarle "el contrabando técnico o abierto".

A la ganadería no le va mejor. Ahora México consume el doble de carne importada que antes de la entrada en vigor del TLCAN. Los datos son muy claros: durante los primeros seis años de vigencia del TLCAN, las importaciones de carne bovina crecieron un 200%, las de carne porcina un 300%, las de carne de ave se dispararon en 130 mil toneladas y las de huevo un 55%. Por otra parte, importamos el 20% del consumo nacional de leche.

Los ganaderos mexicanos de las diversas ramas tienen que enfrentar el dumping de los agricultores estadounidenses, la tolerancia de las autoridades mexicanas hacia el contrabando y el desbordamiento de los cupos de importación y los bajos precios de los insumos que disfrutan sus competidores norteamericanos.

Ejemplos sobran: la importación de carnes rojas, frescas y congeladas en 2001 ascendió a un mil 37 millones de dólares, 22,6 % más que en 2000 y 442% más que en 1995.

El cupo asignado para la importación de pollo y pavo troceado ha sido superado permanentemente. En el primer caso desde 1994, año en el cual se importaron 65 mil toneladas siendo que el cupo era de 25 mil hasta 2001, cuando la introducción fue 3,3 veces superior al cupo de 30 mil 700 toneladas. En el caso del pavo las importaciones han sido entre 2 y 2,5 veces superiores al cupo autorizado.

Por otro lado, las importaciones de carne porcina aumentaron 2,2 veces de 1998 al 2000, llegando a 208.573 toneladas. Las de carne de ovino se han incrementado 1,5 veces desde 1994 y cubren el 60% de la demanda interna.

Podría alegarse que los productores de fruta y hortalizas han sido beneficiados por el TLCAN, pero esta afirmación tiene sus "a segunes", como señalan los propios campesinos. En efecto, desde la entrada en vigor del tratado, las exportaciones de frutas a EE.UU. aumentaron 76% y las de hortalizas 26%. Sin embargo, entre 1994 y 2000 las importaciones de conservas vegetales alimenticias tuvieron un incremento de 77% y las de frutas conservadas y deshidratadas 300%. Esto quiere decir que México exporta más fruta pero EE.UU. nos la devuelve procesada.

Mención especial merece la manzana, cultivo muy importante en Estados como Chihuahua. En 1997 se importaron 114.922 toneladas y en 2001, 221.269 toneladas, un 94% más. Se había fijado un arancel del 101%, pero luego se fijó un precio mínimo de US$ 13,72 por caja de fruta importada.

Sin embargo, aunque en un primer momento se dieron esos precios, luego se verifican devoluciones en efectivo de los exportadores norteamericanos a los importadores mexicanos. Esto saca por completo de competencia a los productores nacionales.

Así, México, uno de los grandes países agrícolas del mundo, ha puesto su alimentación en manos de extranjeras: se importan el 95% de las oleaginosas que el país necesita; el 40% de la carne; el 30% del maíz y el 50% del arroz.

El futuro no pinta mejor. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), México se convertirá en un gran importador de materias primas y de alimentos.

Las importaciones mexicanas de granos duros (maíz y sorgo), trigo y soya se elevarán 31%, de 18,3 millones de toneladas en 2000/01 a 24 millones en 2011/12. En cuanto a las importaciones de carne (res, cerdo y aves), el aumento de 2000 a 2011 sería de 86%.

Más todavía: con la desgravación de 20 productos agropecuarios a partir de 2003 se teme que se duplique el déficit comercial del sector a partir de ese año, llegando a US$ 10 mil millones.

Agricultores desplazados, caída de la rentabilidad

Los granos básicos y las oleaginosas que ocupan casi 14 millones de hectáreas en México, el 70% de la superficie agrícola, han resultado los perdedores en el TLCAN. Incluso el Consejo Nacional Agropecuario, organismo de los empresarios agrícolas, reconoce que la ganadería y los granos básicos han sido seriamente perjudicados por el Tratado.

De hecho, en los primeros ocho años de vigencia del Tratado se dejaron de sembrar 1,6 millones de hectáreas de maíz, fríjol, trigo, arroz, soya y algodón. El abandono de tierra cultivable se ha profundizado en los Estados con mayor presencia de agricultura campesina tradicional, como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Michoacán, Querétaro, Puebla y Guanajuato. En tanto, en las regiones de agricultura moderna, más tecnificada, como Valles del Yaqui y Mayo, se ha disparado el rentismo de parcelas. El FMI prevé que en el país podrían dejarse de sembrar granos en 10 millones de hectáreas durante los próximos años.

Hay que tener en cuenta que el cultivo del maíz, uno de los granos más afectados con la apertura comercial, da empleo a 2,5 millones de campesinos con predios no mayores a 5 hectáreas y rendimientos de no más de 2 toneladas por hectárea, quienes sin embargo contribuyen con tres cuartas partes de la producción nacional.

Es muy clara la razón por la cual los agricultores van abandonando sus tierras, los más, o cambiando de cultivo, los menos: los precios medios rurales se han derrumbado. En 1985 fueron para el maíz de 1.239 pesos por tonelada, en 1993 de 513 y en 1999 de 428. Para el fríjol, fueron de 3.647 en 1985, 2.246 en 1993 y 1.999 en 1999 (todo a precios de 1994). Una reducción en términos reales de 64% para el maíz y de 46% para el fríjol. Por otra parte, los precios de los insumos se han incrementado: las semillas en 63% y los fertilizantes en 52% en los últimos años.

Esta caída de la rentabilidad se explica por el diferencial de productividad, de costos y de precios entre los productores de los tres países: rendimiento por hectárea de maíz en México, 2,33 tons., Estados Unidos, 8,27 tons., Canadá, 7,2 tons. Y en fríjol: México, 600 kgs., Estados Unidos, 1,85 tons., Canadá, 1,77tons.

Los subsidios equivalentes al productor son: en EE.UU. casi diez veces más que en México: 19.987 ecus contra 2.122 ecus y 2.737 en Canadá. Habría que agregar los diferenciales de precios en energéticos, costos financieros y transporte.

La transferencia de recursos que el gobierno hace al sector agropecuario en México equivale a US$ 28 per cápita, EE.UU. a US$ 270 y Canadá US$ 143. Y en la Unión Europea a US$ 297 per cápita.

No se ve cuándo mejoren las cosas. El propio Departamento de Agricultura estadounidense señala que la capacidad de producción del agro mexicano permanecerá limitada debido a la escasez de agua y tierra y los bajos niveles tecnológicos. Las importaciones, además, provocarán una reducción del área sembrada de granos duros y limitará la superficie del trigo.

Y como si todo esto fuera poco, en EE.UU. se aprobó en mayo de 2002 la Ley de Seguridad Alimentaria e Inversión Rural 2002-2011, la Farm Bill, que estableció un esquema de apoyo directo a los productores de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón y otras oleaginosas, así como otra serie de subsidios y pagos compensatorios a diversos productos y a actividades como la conservación de suelos. La nueva ley aumenta en casi 80% las ayudas directas a la agricultura, con un paquete de más de US$ 180 mil millones a 10 años.

Según un estudio reciente realizado por la Cámara de Diputados, los apoyos del gobierno estadounidense a sus productores agropecuarios ascenderán a US4 80 mil millones anuales, incluidos los de la Farm Bill. En tanto, el gobierno de México, con todo y Procampo y programas de comercialización, no llegará siquiera a los US4 2 mil millones en 2002.

Todo esto ha contribuido a que cambie la geografía agrícola mexicana: mientras se reduce la superficie dedicada a granos básicos y oleaginosas, hay una tendencia muy significativa al crecimiento en frutas, hortalizas y cultivos forrajeros orientados al mercado externo e interno más rentables. Así, la superficie hortícola ha aumentado en un 6%, casi 30 mil hectáreas, y la frutícola, 21%, 146 mil hectáreas. Estos cultivos tienden a concentrar más la inversión, el progreso técnico y la organización para la producción. Es decir, van excluyendo a los productores con menos posibilidades de invertir y tienden a concentrarse en cada vez menos empresas.

Aumento de la pobreza

Esta es la primera consecuencia directa de la caída de la rentabilidad: al recibir menos por sus productos y pagar más por los insumos, los productores se descapitalizan y empobrecen.

Hay una gran disparidad de bienestar económico entre la población dependiente del agro y la no dependiente. Esta última es el 74,6% de la población total y genera el 94,3% del ingreso, mientras que los dependientes del campo -25,4% de los mexicanos- generan sólo el 5,7% del ingreso.

En el campo viven 25 millones de personas y dos de cada tres son indigentes. Quince millones no tienen ninguna perspectiva laboral en el campo. La gran mayoría depende principalmente de otras actividades económicas para subsistir, como la venta de su fuerza de trabajo, el comercio o las artesanías. De hecho, entre el 70 y el 80% del ingreso de las familias minifundistas proviene de actividades no agrícolas.

El propio Banco Mundial reconoce que en el medio rural los índices actuales de indigencia superan los prevalecientes hace una década. Uno de cada dos habitantes del campo sobrevive en una situación de extrema pobreza, "en medio de un círculo vicioso en el cual el uso indiscriminado de recursos naturales representa la única forma de que los pobres sobrevivan".

Una muestra de la pobreza de las familias campesinas es que tan sólo entre 1998 y 1999 disminuyeron un 20,4% su consumo de tortilla debido a la insuficiencia de ingresos.

Hay 11 Estados mexicanos, los de mayores tasas de población rural, amenazados por la inseguridad alimentaria y la desnutrición: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Durango, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. De los 1.113 municipios de esas entidades, 706 están en el rango de la mínima capacidad alimentaria.

Otros indicadores ilustran más la situación de pobreza en el campo: la desnutrición afecta al 44% de los indígenas menores de cinco años, proporción similar a la de las naciones más pobres de África. El salario promedio en el campo es de 15 pesos diarios, menos de la mitad del salario mínimo. El 30% de las personas ocupadas en el sector primario no obtiene ingresos, el 39% hasta un salario mínimo y sólo el 5,2% más de cinco salarios mínimos. Menos de la mitad de las casas de ejidatarios y comuneros cuenta con agua entubada; 65% con energía eléctrica y con drenaje sólo el 16.5%.

Emigración

Esta es la siguiente fase, luego de la caída de rentabilidad de la agricultura y del empobrecimiento de la población rural. Se ha intensificado la emigración hacia EE.UU., aun a riesgo de la propia vida. Más de medio millón de mexicanos intenta emigrar cada año y en los últimos cinco, 1.500 connacionales han perdido la vida al intentar cruzar la frontera. A pesar de ello, tres millones de mexicanos emigraron al vecino país del norte en la última década, diez veces más que tres décadas antes.

El hecho de que emigren sobre todo los jóvenes, conduce a un proceso natural de envejecimiento de la población rural; así, la agricultura mexicana está sustentada en personas con más de 52 años.

Un dato significativo de los 32 millones de personas de origen latino residentes en EE.UU: 21 millones son de origen mexicano. Ellos son los de menor nivel educativo. Al menos el 95% de los trabajadores agrícolas en California son mexicanos o descendientes de mexicanos de zonas rurales. Generan con su trabajo US$ 27 mil millones anuales, 9 veces el presupuesto del sector agropecuario en México.

Los recursos de los emigrantes ya constituyen la principal fuente de ingresos para el país, pues lo que envían los mexicanos radicados en EE.UU. ya asciende US$ 9.800 millones anuales, más que lo aportado por el turismo y el petróleo. Según un estudio de la CEPAL, en los primeros cinco años del TLCAN estas remesas tuvieron una tasa de crecimiento anual de 11,8%, las recibieron más de un millón de hogares, sobre todo en el campo y representaron el 77% de los ingresos de éstos.

Una de las opciones a la emigración que tienen los campesinos es el cultivo de enervantes. Según datos de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, ya existen 100 mil hectáreas dedicadas a ello en las zonas rurales del país.

Agravamiento de las políticas anti-inmigratorias en EE.UU

La mayor afluencia de emigrantes mexicanos, desplazados por la crisis agrícola en nuestro país, ejerce una enorme presión sobre la frontera entre los dos países. Si a esto se añade la agudización de las actitudes chauvinistas en EE.UU. luego del 11 de septiembre de 2001, se completa el cuadro para que los campesinos mexicanos emigrantes se vean prensados entre la pinza de la pobreza en su país y la de los malos tratos y no reconocimiento de sus derechos al norte del Río Bravo.

Aquí debe ubicarse la resolución del 27 de marzo de 2002 de la Suprema Corte de Justicia estadounidense en el caso José Castro vs. Hoffman Plastics. El máximo órgano judicial norteamericano resolvió que Castro, por ser trabajador indocumentado, no puede disfrutar de sus derechos laborales, como organizar un sindicato. En un régimen jurídico como el norteamericano, esta resolución abre la puerta para que se prive de sus derechos laborales a todos los trabajadores indocumentados, creando una nueva forma de esclavitud legalizada.

Por otra parte, el presupuesto de EE.UU. para el control de la emigración se disparó a US$ 2,6 mil millones en 1999, creando una fuerte reacción contra los emigrantes y tensión en muchas partes del país, como en el Sur de Arizona desde la primavera del 2000.

Agroindustria trasnacional

Las empresas que presionaron a México para que aceptara la importación de maíz estadounidense libre de aranceles, han prosperado enormemente. Cargill, la más grande comercializadora de granos y que ocupa el primer rango entre las empresas particulares estadounidenses obtuvo en 1999 una ganancia neta de US$ 597 mil millones, comparada con US $ 350 mil millones en 1992. También en 1999 adquirió activos de su rival más importante: la Continental Grain.

El cambio de modelo mundial de agricultura también ha sido muy favorable para las transnacionales. Una sola empresa, Monsanto, vendió 94% del área sembrada con trasgénicos a nivel mundial.

Un ejemplo de las agroindustrias beneficiadas con el TLCAN es el de Pilgrims Pride, la cual en 2000 registró ingresos por US$ 280 millones y en 2001 espera vender US$ 310 millones y ya tiene una participación del 14% en el mercado nacional.

Son precisamente las grandes empresas avícolas, sobre todo trasnacionales, las protagonistas y beneficiarias del proceso de concentración que se presenta en esa rama: Pilgrims Pride, Tyson y Bachoco, ésta última mexicana, representan el 52% de la producción nacional de carne de pollo, mientras que 161 empresas representan el 14%.

La Dupont logró registrar el maíz transgénico Optimum en la Oficina Europea de Patentes, muy semejante a varios maíces criollos mexicanos. Con ello se corre el peligro que luego empiece a cobrar regalías a los agricultores que siembren variedades criollas cercanas al Optimum.

Ahora, con todo el apoyo de la ONU, trasnacionales como Dupont, Monsanto, Navartis, Aventis, Cargill y otras podrán extender el cultivo de transgénicos con el pretexto de lograr cultivos más productivos para combatir el hambre. Sin embargo, lo que esto hará es despojar a los pequeños y medianos productores del control de la producción de alimentos, conduciéndolos a la marginación y al peligro de extinción.

La lucha contra la arremetida neoliberal

Desde antes que entrara en vigor el TLCAN, diversas organizaciones de agricultores mexicanos comenzaron a advertir sobre las amenazas del tratado para la agricultura nacional. Entre 1992 y 1993 el Frente Democrático Campesino de Chihuahua llevó a cabo importantes movilizaciones de protesta que culminaron con la toma de puentes internacionales. La demanda básica de aquellas primeras luchas fue la no inclusión de granos básicos, oleginosas y lácteos en el TLCAN.

A mediados de los noventa el impacto de las políticas económicas neoliberales y de libre comercio empezaron a sentirse a todos los niveles en el campo. Entonces la protesta de los productores, la mayoría de ellos en quiebra, se canalizó a través de las organizaciones de deudores bancarios. Las innumerables movilizaciones, bloqueos de carreteras, tomas de bancos, de oficinas públicas, del Congreso de la Unión llevadas a cabo en la segunda mitad de los noventa, además de exigir una solución justa y posible al problema de la cartera vencida, también incluyeron la exigencia de cambios de políticas comerciales y agropecuarias y de revisión del TLCAN.

Desde 1997 empezaron a movilizarse contra las importaciones que los afectaban, diversas organizaciones de productores: los sorgueros de Tamaulipas y del Bajío, los productores de algodón y de manzana de Chihuahua, etc. Pero fue en 2001 cuando las protestas contra los efectos del TLCAN en la agricultura mexicana se expandieron por toda la República: los productores de maíz de Sinaloa y Sonora se rebelaron contra la importación de maíz norteamericano de baja calidad, que desplaza y abate el precio del de ellos. Los algodoneros y manzaneros de Chihuahua volvieron a la carga contra las importaciones legales e ilegales que sacaron a sus productos del mercado. Los cafetaleros se rebelaron contra la competencia desleal del café vietnamita de baja calidad y los productores de piña de Veracruz y Oaxaca colmaron las carreteras con sus cosechas para protestar contra la introducción de miles de toneladas de piña procedentes de Tailandia. Todas estas organizaciones fundaron el Frente para la Defensa del Campo Mexicano. Y para que no quede duda del objetivo de sus protestas, tomaron los puentes internacionales y la aduana de Ciudad Juárez, impidieron la entrada de contenedores con productos agropecuarios importados, derramaron los granos, la pastura y la carne congelada de mala calidad que pretendían introducirse al país. Luego se tomaron el puerto de Veracruz para impugnar la penetración de piña asiática.

Actualmente en las diversas organizaciones de productores y representantes de la sociedad civil rural, pueden observarse tres posiciones sobre el TLCAN:

El Consejo Nacional Agropecuario, máximo organismo de los empresarios más poderosos del sector, descarta una revisión del capítulo agropecuario del TLCAN. Lo que propone es impulsar una política comercial trilateral entre los países del área. El supuesto es que si Estados Unidos y Canadá cooperan con la promoción del desarrollo del agro mexicano, la población tendrá mayor poder de compra y un socio estable.

Algunas organizaciones como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) y la propia Cámara de Diputados, proponen que se aproveche una cláusula del TLCAN para excluir temporalmente al sector agropecuario del mismo, en tanto se crean condiciones para poder competir en condiciones menos asimétricas.

Finalmente, un nutrido grupo de organizaciones campesinas demanda que el sector se excluya definitivamente del TLCAN y que se bloquee todo intento de expansión del tratado, como es la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Hasta ahora no se han podido juntar las tres posiciones, con el propósito de presentar un bloque sólido ante el Gobierno Federal para exigirle una política firme y de decidido apoyo a la agricultura nacional. Mientras tanto, el titular de la secretaría de la Agricultura y el propio presidente de la República siguen creyendo en el señuelo de que, convirtiendo a los campesinos en verdaderos empresarios agrícolas, podrán competir ventajosamente con la multisubsidiada agricultura norteamericana, por asimétricas e injustas que sean las condiciones.

* Profesor Universidad Autónoma de ciudad Juárez y vocero oficial del movimiento "El campo no aguanta más"
http://www.deslinde.org.co y http://moir.org.co

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Las 10 Mentiras más grandes sobre el TLC

1.Si el TLC no se firma, la economía costarricense quiebra!

El TLC es un tratado negociado a escondidas. Si cuando los políticos negocian de frente da miedo, cuando lo hacen de espaldas da terror! Pero en todo caso ya varias veces los políticos nos han dicho mentiras similares y lo único que ha sucedido es que la pobreza crece y cada día estamos peor por eso a los políticos y empresarios no les podemos creer más. En México firmaron el NAFTA, que es casi el mismo texto y cada día hay más millonarios y más pobres en ese país, la migración a Estados Unidos aumentó y el pueblo dice “hay de todo pero no tenemos con qué comprar lo que hay” El TLC es un paso atrás hacia la era feudal.

2. Si Costa Rica no firma y Centro América lo hace, perderemos competitividad.

Los sueldos en Centro América son mucho más bajos que en Costa Rica, por lo que ratificando o no el TLC, las corporaciones transnacionales buscarán los países donde los salarios sean más bajos y los empleos que ofrecerán no serán los mejor pagados. Pero además, Costa Rica tiene ventajas competitivas que puede aprovechar como es el TLC con Canadá que no se está aprovechando y que Centro América no lo ha negociado (y probablemente no podrá negociarlo si ratifica el TLC con Estados Unidos). También existen opciones como Comercio Justo donde los productos orgánicos certificados se pagan a mejores precios en Europa, Canadá y Japón. Todo es intentar como siempre lo ha hecho Costa Rica, una vía diferente: sin ejército, sin Parlacen que el “mesías” Oscar Arias nos hacía creer sería maravilloso y fue un fiasco.

3. Si el TLC no se firma, se pierden los beneficios de la Cuenca del Caribe y Costa Rica no podría exportar más a los Estados Unidos.

Ese chantaje lo utilizaron durante la negociación y más recientemente el señor Chris Padilla y rápidamente autoridades estadounidenses se encargaron de negarlo. Los beneficios de la Cuenca del Caribe son un beneficio loable y unilateral que los Estados Unidos dieron como parte del Sistema General de Preferencias a los países que respetaran los derechos humanos y laborales, fuesen democracias y no representaran agresión alguna a los Estados Unidos. El día que dejemos de cumplir, podríamos comenzar a preocuparnos, pero no debemos tomar en serio las falsas amenazas que carecen de fundamento. Para derogar los beneficios de la ICC necesitarían una ley específica que no tendría muy buen ambiente en el Senado.

4. Si se firma el TLC los costarricenses no necesitarán visa y podrán trabajar en Estados Unidos porque el TLC es una muestra de amistad del Gobierno de Bush con el de Costa Rica.

Desde diciembre del 2003, todo latinoamericano que visite los Estados Unidos será fichado (se le fotografiará y se le tomarán huellas digitales). El TLC no elimina dicha disposición y más bien el temor de los congresistas y senadores norteamericanos es que con el TLC, crecerá la pobreza en los países centroamericanos como sucedió con México y la gente va a querer ir a trabajar aunque sea ilegal a Estados Unidos. Esa es una de las razones que demora la ratificación porque lo que a las corporaciones les interesa es la mano de obra barata.

5. La Pequeña y Mediana Empresa se fortalecerá

En México tal afirmación se hacía en 1994 y el tiempo demostró todo lo contrario. Al llegar empresas y corporaciones enormes de los Estados Unidos ofreciendo precios bajísimos, muchas empresas nacionales pequeñas no soportaron la competencia y debieron cerrar. Los defensores de la libre competencia utilizan ese argumento pero no cuentan la otra parte: cuando las empresas nacionales cierran y las desarticulan, suben los precios porque no tienen competencia. Además, como parte de los derechos de los inversionistas, estos podrán demandar al Estado Costarricense pero si incumplen no pueden ser demandados para así “darles seguridad jurídica”. Las controversias se dirimen en tribunales fuera de Costa Rica y las leyes nacionales no cuentan, por ello por ejemplo México ha perdido todas las demandas, debiendo pagar sumas millonarias a las empresas que demandan.

6. La apertura en Seguros será beneficiosa.

Este punto requiere la mayor cautela y atención por parte de los costarricenses. Si las compañías transnacionales alegan que ellos pagan seguros a sus empleados en Estados Unidos (o cualquier compañía privada), podrían mediante un arbitraje internacional alegar que el seguro social (CCSS) no tienen que pagarlo porque se trata de un doble seguro. Si a ello le agregamos que por la negociación de propiedad intelectual la Caja tendría que comprar medicinas de marca, esto significaría no sólo la quiebra de la Caja de Seguro Social, que pese a sus defectos, garantiza servicios médicos a todos los costarricenses sin distinguir clases sociales o nivel de ingresos. Si la Caja quiebra ¿donde recibirán atención médica los pobres?

7. Sólo los sindicatos del ICE y del INS se oponen al TLC

Falso! En este momento son tantos los grupos que se oponen al TLC, unidos en la Comisión Nacional de Enlace donde hay pequeños empresarios, ecologistas, campesinos, estudiantes, organizaciones de mujeres, profesionales, profesores de todos los niveles, intelectuales, amas de casa, indígenas, médicos, iglesias de todas las nominaciones, bomberos, arroceros, productores de pollo, cebolleros, hortelanos, etc. Porque se dieron cuenta del engaño de la negociación a espaldas del pueblo. También los sindicatos del sector público se oponen al TLC y cada día las encuestas indican que más gente se opone. ¿De qué lado se encuentra usted, querido lector en este momento? Al terminar este documento, de seguro estará del lado de Costa Rica, es decir, contra el TLC! Los que están a favor del TLC son los fabricantes de plásticos, azucareros, de pasta de cacao, etc. No en vano su participación en las negociaciones les rindió maravillosos beneficios a cambio del patrimonio nacional.

8. La apertura del ICE lo va a fortalecer porque competirá y así será más eficiente

Esa mentira la utilizaron con la Banca Estatal en tiempos de José María Figueres (que sigue sin aparecer) y que debilitó los créditos de interés social, subieron las tasas de interés y muchos agricultores perdieron sus tierras aumentando así la pobreza. Recuerda que cuando se discutía el COMBO nos dijeron que de no aprobarse esa ley el ICE dejaría de brindar servicios? Hoy usted paga las tarifas más bajas por celulares, se lo conectan el mismo día y la telefonía fija cubre todo el país. También los apagones que entonces anunciaban no se están dando aquí sino en California y Nueva York , donde las tarifas allá son muchísimo más elevadas. Con el TLC además obligarían al ICE a vender servicios de interconexión al costo a empresas extranjeras que sólo quieren los negocios buenos como son celular y de internet. La telefonía residencial y pública quedaría en manos del ICE que al perder el negocio que da mayores ganancias se vería obligado a aumentar las tarifas a usted amigo costarricense, para que otros vengan a llevarse lo que al ICE hoy sí da ganancia y beneficia al país. El engaño en este sentido es de los más crueles contra el ciudadano.

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9. El empleo va a aumentar.

Si la pequeña y mediana empresa desaparecen o se reducen sensiblemente, se perderían aproximadamente 350.000 empleos en trabajos creativos, artesanales, profesionales, técnicos y para-universitarios para convertir el país en uno de peones, maquileros, empleados de restaurantes de comida rápida, etc. La base democrática y distributiva se vería seriamente lesionada y disminuida, concentrándose el capital cada vez en menos manos y usted: olvídese que algún día tendrá plata! –no sea pretencioso, el TLC es para millonarios, no para los pobres!

10. Si se firma el TLC el dólar no se va a devaluar, las exportaciones aumentarán, la economía crecerá, todo será más barato.

¡De ninguna manera! Los sectores más poderosos económicamente son precisamente los que presionan porque el TLC se firme para beneficiarse ellos y sus empresas. Si Costa Rica debe importar de Estados Unidos todos los alimentos, materias primas para textiles e industria, petróleo y bienes de consumo que no se producen en el país, tendría que exportar la misma cantidad en alimentos y productos nacionales para mantener el dólar estable. Si eso no sucede, la devaluación se mantendrá o puede incluso acelerarse si compramos más de lo que vendemos. Pero además, como las empresas dejarán de pagar impuestos porque todo entrará libre de impuestos, el gobierno ha dicho claro que si no hay paquete fiscal no envía el TLC a la Asamblea Legislativa. Más claro no canta un gallo!

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Arias descalifica Iglesia Católica costarricense en EE.UU.

• Candidato del PLN desestimó posición de la Iglesia Católica frente al TLC. “Ellos deben saber mucho de teología, pero nada de economía”, declaró en Washington.
• Aseveró que oposición al TLC en Costa Rica está constituida por “unos pocos intelectuales y académicos”.
• Candidato del PLN aprovechó visita para defender cuotas de azúcar del TLC.

Según una información publicada por US Trade Inside el pasado 10 de junio, el candidato del PLN, Oscar Arias minimizó en un discurso pronunciado en Washington, las observaciones y preocupaciones de la Iglesia Católica costarricense en cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los EE.UU. (TLC). Arias declaró: “ellos deben saber mucho de teología, pero nada de economía.”

En este sentido, el precandidato del PLN afirmó que la oposición al TLC en Costa Rica provenía de un reducido número de académicos e intelectuales, así como sindicatos financiados desde el extranjero.

“Deja mucho qué desear la forma en que Oscar Arias desacredita la postura de la Iglesia y miente en EE.UU minimizando las voces que alertan sobre el TLC. Esto es reflejo de una persona que cree tener la verdad absoluta y para quien las opiniones de la Iglesia o de los intelectuales no tienen relevancia” comentó la Jefa de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Martha Zamora.

En la misma publicación se informaba que Arias defendió las cuotas azucaras estipuladas en el TLC. Arias habría hablado en nombre del Gobierno de Costa Rica, cuando según esta misma publicación, el candidato habría asegurado que Costa Rica no negociará la cuota azucarera ya establecida en el TLC.

Según un asistente de Arias informó a la publicación, el representante de Comercio de EE.UU. Rob Portman, aseguró a Arias durante una reunión que las cuotas de azúcar en el TLC no serían alteradas ni removidas. Esto se da en el contexto que la familia Arias Sánchez es propietaria de acciones de la azucarera Ingenio Taboga S.A.

“El cabildeo de Arias no sólo fue político, sino que también se convirtió en una visita de negocios. Es indignante que se atribuya de hablar por el país cuando defiende intereses personales. En el caso del azúcar es obvio que no le conviene que se revise la cuota pues su familia se beneficia directamente” aseguró Zamora.

Arias también utilizó el argumento de la posible eliminación de la Iniciativa de la Cuenta del Caribe (ICC) como un factor por el cual debía aprobarse el tratado. Esto a pesar que en marzo pasado el líder demócrata, senador Charles Rangel, uno de los principales impulsores de la ICC, había descartado categóricamente dicha posibilidad.

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